Comité de seguridad fronteriza escucha testimonios sobre propuestas HB-7 y HB-800
El Comité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas abordó el jueves varias propuestas relacionadas con la protección de la frontera, recibiendo testimonios tanto a favor como en contra de varias propuestas.
Estas incluyeron la HB-800 para endurecer el castigo por el tráfico humano y la HB-7 para crear una unidad de protección fronteriza. Estas iniciativas impulsadas por el representante estatal Ryan Guillen han recibido el rechazo de muchos habitantes de la frontera que advierten de su fuerte impacto. A la audiencia del jueves asistieron defensores de los derechos humanos y residentes del sur de Texas, quienes argumentaron que los proyectos criminalizarían a los inmigrantes y las comunidades de la frontera.
"Es una proposición racista que no nos conviene allá en el sur del Río Grande desde Brownsville hasta El Paso Texas. Les pido que tengan compasión", dijo Everardo “Lalo” Saldaña, habitante de McAllen.
Sergio Treviño, quien representa a la Unión del Pueblo Entero (L.U.P.E.), un grupo del activismo de San Juan, Texas, se refirió a las consecuencias que podría traer la aprobación de ambas iniciativas: "Como residente fronterizo de toda la vida, crecí sin un muro fronterizo que nos separara a mí y a mi familia al otro lado del río que a menudo cruzábamos. Esta legislación persigue intereses de arresto y citatorios a los residentes fronterizos, pero también conduciría a más deportaciones y separación de familias".
Pero también hubo quienes respaldaron el objetivo de las propuestas, como los representantes de la Asociación de Derechos de Propiedad del sur de Texas. "Permítanme ser claro, si la frontera estuviera segura, nuestros miembros no informarían diariamente sobre traficantes de drogas y de humanos, esto pone en riesgo a nuestras familias en la frontera", dijo Charles Maley, integrante de la directiva.
La HB-800 contempla una condena mínima obligatoria de 10 años en prisión para los convictos de tráfico de migrantes y castigaría como delito grave de tercer grado con penas de dos a 10 años la operación de casas de seguridad o escondites para migrantes.
Mientras tanto, la HB-7 autorizaría la creación de una unidad de protección fronteriza a cargo de los Texas Rangers, además de habilitar programas de subsidios para que gobiernos locales financien infraestructura de seguridad fronteriza, algo que, según el Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw "funciona bien porque requiere unidad de esfuerzo porque nadie está realmente a cargo cuando se trata de hacer cumplir la ley".
Una encuesta del Proyecto para las Políticas de Texas encontró que el 90% de los votantes republicanos de Texas apoyan más fondos para la protección de la frontera.