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Concejo aprueba fondos de ayuda a afectados por COVID-19 y protección para trabajadores

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El jueves, el concejo de Austin discutió varios temas relacionados con la respuesta al COVID-19.

El panel aprobó el uso de un hotel en el 7400 N. Interstate 35 en el norte de Austin como recinto de alojamiento para indigentes o personas que carecen de un lugar donde pasar la cuarentena y necesitan servicios de apoyo.

También se aprobó la designación de $885,000 dólares para la compra de equipo de protección personal, pago de horas extraordinarias y capacitación de oficiales de la Policía de Austin para la pandemia. $550,000 dólares se designaron para financiar los servicios médicos y transporte que ofrece el servicio de ambulancias o EMS a pacientes de COVID-19 que carecen de seguro médico.

Durante aproximadamente tres horas y media, los miembros del concejo escucharon las inquietudes de los contribuyentes sobre la crisis del coronavirus. Muchos cuestionaron la manera como los líderes de la ciudad invertirán los $170 millones que recibirá Austin del gobierno federal. Varios dijeron que la mayor parte del financiamiento debería ir directamente a los residentes que necesitan ayuda. Algunos compartieron sus experiencias sobre la dificultad para pagar el alquiler, facturas de servicios públicos y obtener comida para sus hijos.

Tras escuchar los testimonio, el municipio aprobó $7.2 millones de dólares del Acta Cares para programas de asistencia de alquiler, personas en condición de calle y cuidado de niños. Mientras que $2 millones se destinarán para que el Banco de Comida del Centro de Texas continúe la distribución de alimentos hasta septiembre de este año.

Ya por la tarde el concejo aprobó de manera unánime una medida diseñada para proteger específicamente a personas cuyos trabajos los exponen al virus, como la industria de la construcción, y así frenar la propagación.

La resolución patrocinada por el Concejal Gregorio Casar menciona el enfoque en la unidad hispana, que según los funcionarios de salud, tienen tasas de infección tres veces más alta que el resto de la población.

“Que es lo que se puede hacer, qué medidas se tienen que tomar para que los trabajadores de construcción tengan acceso a hacerse pruebas del COVID, qué pasa si se tienen que quedar en casa, que sepan sobre sus derechos”, dijo Ana González, representante de Proyecto Defensa Laboral, quien agregó que muchos de sus miembros están preocupados por la falta de medidas preventivas en algunas obras y dicen que quedarse en casa no es opción.

Entre otras cosas, las medida pide que los trabajadores de alto riesgo se queden en casa o que desempeñen tareas con menor interacción, garantizar que puedan abogar por su seguridad y mejores condiciones de trabajo, además de recibir beneficios de desempleo y apoyo económico si no son elegibles. La resolución también contempla la creación de un centro de recursos para capacitar a trabajadores de alto riesgo en empleos más seguros y ofrecer pruebas de diagnóstico. La medida contempla la distribución de material informativo sobre los derechos laborales, incluyendo los requisitos de pago de días por enfermedad.

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